El Consejo de Estado en los últimos días dio a conocer unas decisiones polémicas, con las cuales el más afectado es el bolsillo de cada uno de los colombianos y no quienes tomaron estas determinaciones, las cuales afectaron a dos políticos reconocidos y polémicos del país.
En este caso me estoy refiriendo al caso de la ex senadora Piedad Córdoba y al caso del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
Está muy bien que esta entidad pública les devuelva los derechos políticos a quienes los perdieron injustamente por un ex procurador que, según este fallo, actuó con el único fin de figurar en los diferentes medios de comunicación como quien luchaba por la justicia, pero verdaderamente lo que estaba haciendo era su pre-campaña a la presidencia.
Pero también es reprochable que el Consejo de Estado de estos fallos cuando ha transcurrido tanto tiempo, ya que no se les puede devolver inmediatamente a estas personas sus derechos políticos.
También es reprochable que las indemnizaciones al señor Petro y a la señora Cordoba tenga que pagarlas el Estado, y con esto, cada uno de los ciudadanos que paga impuestos. Este tipo de indemnizaciones deberían ser pagadas por los funcionarios públicos que tomaron estas decisiones herradas. Pero muchas veces estos políticos tienen sus capitales y sus bienes a nombres de terceros.
Además de esto, este tipo de sanciones no debería ser tan solo económica. Estos abogados deberían perder su tarjeta profesional por un tiempo, ya que con esta afectaron a todos los ciudadanos del país, de forma directa o indirecta, ya que con los recursos de las indemnizaciones podría ayudarce a mitigar la pobreza.
