El 21 de mayo del presente año se llevaron a cabo en dos poblaciones del
país unas elecciones para que la población decidiera si se debía o no destituir a sus alcaldes, bien sea por
corrupción o bien sea por no
cumplir el plan de gobierno con el que fue electo.
Los alcaldes del Copey, Cesar y de Ocaña, Norte de Santander se salvaron de que sus pueblos votaran por su revocatoria,
con lo cual pueden disfrutar de un poco más de dos años sus puestos y los
contratos amañados que dan para sacar tajada.
Pero ¿Es el pueblo quien debe decidir si
un alcalde se queda o se va?
Los ciudadanos tienen una misión muy clara, y es de elegir a
los candidatos que crean capacitados para administrar los recursos y garantizar el desarrollo a su municipio pero debe ser el Estado quien
determine si este funcionario está cumpliendo su plan de gobierno, como lo está
haciendo y las mañas que utiliza para sacar tajada de los contratos que firma.
¿Donde está la actuación de la pobre y decrépita Procuraduría? a quien
además de llevarle pruebas sobre un mandatario que no está haciendo su trabajo
tiene que llevarle también pruebas que hay más de uno que lo quiere destituir.
Es como sucedía con el maltrato femenino en el hogar cuando el agredido tenía
que entregarle un formulario al agresor en donde certificara que lo estaba
agrediendo. Esto es absurdo.
Además, si el funcionario compró su elección “sin recursos estatales”
también va a comprar su no destitución, y nadie se da cuenta en un país ciego,
sordo y mudo donde sobrevive quien más plata tenga.
Esperemos que el Estado actúe y que
la reforma del CNE proteja a los ciudadanos y no a los políticos corruptos.